Los congresistas de Gana Perú alistan una investigación parlamentaria de los principales faenones del gobierno de Alan García por obras, compras y licitaciones ejecutadas al amparo de decretos de urgencia y decretos legislativos dados entre el 2006 y el 2011.
Entre las irregularidades o supuestos hechos delictivos están la concesión del Terminal Norte del Puerto del Callao, así como la del Terminal Portuario de Paita (Piura), en las cuales se habrían cometido una serie de irregularidades tanto desde la formulación de las bases hasta la entrega al operador y cuya investigación pidió hace unos días al presidente Ollanta Humala la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), según precisa La Primera.
Figuran también hechos irregulares en la ejecución de la Carretera Interoceánica, la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, la remodelación del Estadio Nacional, que aumentó el presupuesto inicial de S/. 20 millones a S/. 206 millones y que se ejecutó sin los mecanismos de control con una disposición que se dio para los colegios emblemáticos.
Se cuenta denuncias de sobrevaloración en el Proyecto de Irrigación Olmos, Lambayeque, la venta de los terrenos del Aeroclub de Collique, el Programa Agua para Todos y las múltiples denuncias en Essalud que van desde cobros irregulares por “indemnización” por altos funcionarios a irregularidades en la adquisición de equipos y medicinas, así como casos adicionales de corrupción en obras de construcción del Hospital de Huamanga y otros nosocomios.
Está comprendido el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el caso de los Petroaudios y como el espionaje telefónico de la empresa Business Track (BTR), el Tren Eléctrico, en cuyo enrevesado contrato y ejecución hubo una serie de extrañas medidas como modificaciones presupuestales, millonarios endeudamientos (con ampliaciones incluidas), exoneraciones de normas de control así como asignación de las obras a contratistas como Odebrecht y Cesel S.A. que a pesar de tener experiencia en obras de ingeniería civil, no la tenían en sistemas ferroviarios eléctricos.
Un hecho poco conocido y grave en la ejecución de este proyecto especial denominado Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, es el pago de una deuda de S/.8 millones en el año 2010 a la Empresa TraLima, el cual no estaba previsto en el proyecto actual.
TraLima estuvo encargada del proyecto entre 1985-1990, durante el primer gobierno de García, quien fue acusado de embolsicarse US$ 1’040,000 de “comisiones” entregadas por el italiano Sergio Siragusa (asesor del consorcio TraLima) imputaciones que jamás se esclarecieron porque el expresidente nunca se sometió a la acción de la justicia y más bien se acogió a la prescripción, precisa La Primera.
Se incluiría también al Banco de Materiales por la desaparición de 5 mil expedientes de beneficiarios de préstamos del Banmat, que implicaría un perjuicio económico que el congresista Humberto Lay estimó en dos mil 500 millones de soles.
Los faenones-decretos
Diez Canseco señaló que, además de los casos reseñados, la comisión también deberá investigar una serie de delitos financieros de la gestión del ex presidente García en obras que implican muchos millones de dólares.
Según el legislador, éstas fueron adjudicadas a dedo mediante decretos de urgencia y decretos legislativos con relajados mecanismos de control. “Hubo normas con nombre propio para beneficiar a determinados sectores”, señaló.
Entre agosto del 2006 y julio del 2011 el Poder Ejecutivo promulgó 374 decretos de urgencia, a través de los cuales se aceleró obras públicas en condiciones que resultan injustificadas, onerosas e ineficientes.
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